La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N.° 29783), promulgada en 2011, marcó un punto de inflexión en la regulación laboral peruana al establecer obligaciones claras para empleadores en materia de prevención de riesgos en el centro de trabajo y asignar a la SUNAFIL la responsabilidad de su supervisión. Sin embargo, quince años después, el panorama evidencia una desconexión entre el marco normativo y su implementación efectiva.
La siniestralidad laboral ha seguido una trayectoria creciente desde la entrada en vigor de la norma. En 2025, las notificaciones alcanzaron un máximo histórico de 44 602 casos. Este incremento se explica en parte por las mayores exigencias de registro, así como por la persistencia e incluso el empeoramiento de las condiciones laborales.
El problema central ya no radica en la ausencia de una normativa, sino en su capacidad efectiva para mejorar las condiciones reales de trabajo. En este contexto, el estudio se propone evaluar en qué medida la Ley de SST ha logrado reducir los riesgos y accidentes laborales, considerando no solo la evolución de la siniestralidad, sino también el grado de implementación en los centros de trabajo y la eficacia de la fiscalización.